Ens omplim la boca de queixes i fins de paraules molt dures contra els polítics que són corruptes o els financers que viuen instal.lats en l'estafa permanent i tanmateix ben poca fem a la pràctica per a capgirar la situació. L'excusa sempre tendeix a ser la mateixa. Les mobilitzacions no porten enlloc i les vagues ens acaben de buidar les butxaques. Ahir en una xerrada a l'Escola dels Encants que sí s'ha mobilitzat i ha organitzat un decennari contra les retallades i per una educació pública digna i de qualitat, Ada Colau -la portamveu més visible de la PAH- va deixar ben clar que els canvis significatius no s'aconsegueixen d'un dia per un altre i que cal saber sostenir una lluita a llarg termini, encara que hi hagi molts alts i baixos en el camí. Has d'estar convençut d'allò que fas, pensar que treballes perr un bé superior que no és el teu en primer lloc i anar reflexionant de tant en tant sobre els objectius, la justícia dels mateixos i l'ètica de les formes de protesta emprades.
Isabel Coixet recollia el passat diumenge en el seu article setmanal al dominical d'El Periòdico de Catalunya, les declaracions en els darrers mesos d'uns quants ministres del PP. Són absolutament indignants i la cineasta arribava a la conclusió que és realment estrany que no hi hagi constants mobilitzacions massives de clar to violent.
Jo no defensaré mai la via de l'acció directa i violenta però tampoc entendre mai a aquelles persones que abans d'intentar res ja se senten impotents o que es "conformen" amb un sistema tan injusts com l'actual.
Per acabar avui, lloar l'acció constant de tantes ONG que d'una manera o altra ens van recordant dia rera dia amb l'ajut de milers de voluntàries i voluntaris el que he intentat explicar en les ratlles precedent.
Aquesta nota de premsa d'AI n'és un molt bon exemple:
España (22-04-13)
El derecho de manifestación pacífica está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de los cuales España es Estado parte. En consecuencia, el Estado español tiene la obligación de garantizar el ejercicio pacífico a la libertad de expresión.
Tanto las Directrices sobre Libertad de Reunión de la OSCE como la Comisión Europea para la Democracia del Consejo de Europa entienden que una “manifestación pacífica” puede incluir conductas que incomoden, dificulten, impidan u obstruyan temporalmente actividades de terceros, e incluso que lleguen a ser hostiles. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también tiene sentencias en esta misma línea.
Dichas directrices reconocen que las autoridades pueden imponer límites relativos a “el tiempo, el lugar y la manera”, siempre y cuando dichas restricciones no sean puestas a priori, se ajusten a estricta necesidad y proporcionalidad, y no vacíen de contenido la motivación o el objetivo de la protesta.
Peticiones al Gobierno
Amnistía Internacional ha pedido a la vicepresidenta de Gobierno, en su labor de coordinadora y portavoz del Ejecutivo, que:
Más información: Preguntas y respuestas sobre el derecho a la manifestación pacífica en España.
/// FIN
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.
AI pide que cese la estigmatización contra miembros y simpatizantes de la PAH
El 16 de marzo de 2013 en El Prat de Llobregat Autor Clarabarm bajo licencia cc BY-NC-ND 2.0 vía Flickr
Las manifestaciones pacíficas frente a domicilios privados están reconocidas por el derecho internacional
Amnistía Internacional (AI) lamenta y considera
graves las declaraciones que diversas autoridades y algunos miembros del
Partido Popular están realizando contra las protestas pacíficas
protagonizadas en su mayoría por miembros y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Por ello, la organización se ha dirigido a la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría para pedirle primero que no se
admitan los ataques contra todo un colectivo que reivindica sus derechos
y que se reconozca la legitimidad de sus reivindicaciones, y segundo, que no se restrinja el derecho de libertad de expresión y manifestación pacífica.
Defensores y defensoras de derechos humanos
Amnistía Internacional está preocupada por el intento de estigmatización a todo un colectivo con acusaciones genéricas de “pertenecer a organizaciones filoetarras”, “utilizar prácticas nazis”, e incluso que se pidan “medidas contundentes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, con el propósito de deslegitimar unas reivindicaciones, que, por supuesto, son legítimas.
La Asamblea General de Naciones Unidas en su Declaración sobre el derecho y deber de los individuos, los grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, recuerda que toda persona, individual o colectivamente tiene derecho a participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos, lo que comprende presentar críticas y propuestas, y llamar la atención contra cualquier aspecto que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un informe de 2013, ha recordado que ninguna persona puede ser criminalizada o sujeta a amenazas o actos de violencia, persecución, intimidación o represalias por denunciar violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta pacífica.
“Lo que es imprescindible es que el Estado adopte medidas eficaces para reconocer la legitimidad de este colectivo y de sus reivindicaciones”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Protestas pacíficas
Amnistía Internacional considera que la protesta social, sea en la forma que sea y siempre que se lleve a cabo de forma pacífica, es un derecho inalienable. Amnistía Internacional le recuerda al Gobierno que el derecho internacional de los derechos humanos no permite, y muchos menos establece, la restricción a la libertad de expresión, simplemente porque otras personas lo encuentren ofensivo o porque las autoridades digan que constituye un riesgo para el orden público. Tanto la jurisprudencia internacional como el propio Tribunal Constitucional han reiterado que los responsables políticos deben aceptar las críticas, aunque sean ingratas, molestas o incómodas.
“Para Amnistía Internacional sería desproporcionado prohibir el derecho de manifestación, incluso aunque se realice cerca de los domicilios privados de los actores a los que quieren transmitir su mensaje, crítica o protesta”, señaló Esteban Beltrán.
Defensores y defensoras de derechos humanos
Amnistía Internacional está preocupada por el intento de estigmatización a todo un colectivo con acusaciones genéricas de “pertenecer a organizaciones filoetarras”, “utilizar prácticas nazis”, e incluso que se pidan “medidas contundentes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, con el propósito de deslegitimar unas reivindicaciones, que, por supuesto, son legítimas.
La Asamblea General de Naciones Unidas en su Declaración sobre el derecho y deber de los individuos, los grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, recuerda que toda persona, individual o colectivamente tiene derecho a participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos, lo que comprende presentar críticas y propuestas, y llamar la atención contra cualquier aspecto que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y libertades fundamentales.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un informe de 2013, ha recordado que ninguna persona puede ser criminalizada o sujeta a amenazas o actos de violencia, persecución, intimidación o represalias por denunciar violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta pacífica.
“Lo que es imprescindible es que el Estado adopte medidas eficaces para reconocer la legitimidad de este colectivo y de sus reivindicaciones”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Protestas pacíficas
Amnistía Internacional considera que la protesta social, sea en la forma que sea y siempre que se lleve a cabo de forma pacífica, es un derecho inalienable. Amnistía Internacional le recuerda al Gobierno que el derecho internacional de los derechos humanos no permite, y muchos menos establece, la restricción a la libertad de expresión, simplemente porque otras personas lo encuentren ofensivo o porque las autoridades digan que constituye un riesgo para el orden público. Tanto la jurisprudencia internacional como el propio Tribunal Constitucional han reiterado que los responsables políticos deben aceptar las críticas, aunque sean ingratas, molestas o incómodas.
“Para Amnistía Internacional sería desproporcionado prohibir el derecho de manifestación, incluso aunque se realice cerca de los domicilios privados de los actores a los que quieren transmitir su mensaje, crítica o protesta”, señaló Esteban Beltrán.
El derecho de manifestación pacífica está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de los cuales España es Estado parte. En consecuencia, el Estado español tiene la obligación de garantizar el ejercicio pacífico a la libertad de expresión.
Tanto las Directrices sobre Libertad de Reunión de la OSCE como la Comisión Europea para la Democracia del Consejo de Europa entienden que una “manifestación pacífica” puede incluir conductas que incomoden, dificulten, impidan u obstruyan temporalmente actividades de terceros, e incluso que lleguen a ser hostiles. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también tiene sentencias en esta misma línea.
Dichas directrices reconocen que las autoridades pueden imponer límites relativos a “el tiempo, el lugar y la manera”, siempre y cuando dichas restricciones no sean puestas a priori, se ajusten a estricta necesidad y proporcionalidad, y no vacíen de contenido la motivación o el objetivo de la protesta.
Peticiones al Gobierno
Amnistía Internacional ha pedido a la vicepresidenta de Gobierno, en su labor de coordinadora y portavoz del Ejecutivo, que:
- No admita declaraciones estigmatizadoras por parte de autoridades del Estado y miembros del PP contra todo un colectivo que reivindica sus derechos.
- No permita medidas restrictivas contra el derecho de manifestación pacífica, aclarando la veracidad de la orden del Ministerio del Interior de no permitir concentraciones a menos de 300 metros del lugar de residencia de los políticos de manera generalizada. En caso de que esta orden se haya producido, la medida sería desproporcionada.
- Tome acciones efectivas para que medidas administrativas o sancionadoras, como la aplicación de multas, no repercuta en el derecho a participar en manifestaciones pacíficas.
Más información: Preguntas y respuestas sobre el derecho a la manifestación pacífica en España.
/// FIN
Categorías: Defensores y defensoras de derechos humanos, España, Europa y Asia Central, Libertad de expresión, Unión Europea
Más informaciónGabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.
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