Lolita explica clara i cruament el camí de la droga, la connivència dels governs i acusa de forma contundent als EUA perquè allà es consumeix el 40% de la droga i es fa negoci amb la venda d'armes per a "solucionar" el problema. Diu que es pot rastrejar la marxa de la droga a través de tot Mèxic però que fer-ho en territori nordamerica esdevé gairebé una odissea. Explica que a Espanya i Alemanya es blanquegen la major part dels diners il.legals del narcotràfic.
Per investigar tot això i per anar denunciant les atrocitats que tot plegat comporta varen crear ja fa un cert temps la pàgina web el nom de la qual encapçala aquest article. Jo hi he entrat hi fa feredat. El recompte d'atemptats i morts, les denúncies de tortures, les massacres massa habituals. En copio una notícia recent.
Jalisco. Y se nos vino ¿el cambio?
Asamblea en Ayotitlán
Las calles parecen estar en calma.
Los cuchilleos cotidianos de fines de mes hablan de la importancia del
clásico del futbol nacional y del por qué las Chivas rayadas de
Guadalajara no pueden perder en su estadio contra el odiado rival, el
América (propiedad de Televisa). La gente que camina a borbotones por
el centro de la capital de Jalisco no se ha detenido a mirar en los
diarios la noticia de la balacera de ayer en una brecha del municipio de
Ameca, cerca de una ranchería conocida como “Los Calambres”. Los
diarios tampoco lo reportan porque sus portadas retratan el calvario
sufrido ayer por los múltiples Cristos que escenificaron “La Pasión” en
diversos puntos del Estado. Estamos de vacaciones y quién querría
informarse de violencia cuando el cuerpo busca descanso, no reflexión.
No los culpo, pues durante todo marzo la
violencia, pese al silencio mediático, se ha multiplicado
silenciosamente alcanzando, en lo que va del año, la cifra de 410
ejecuciones. Después de Chihuahua y el Estado de México –de acuerdo a
cifras cruzadas del Sistema Nacional de Información, las Procuradurías y
las Secretarías de Seguridad Pública Estatales-, Jalisco es la tercera
entidad con mayor número de muertes vinculadas al narcotráfico. El
Semanario Zeta informó que en 2013 se han ejecutado en la República 4
mil 469 personas.
Pero aquí, como en la canción de José
Alfredo Jiménez, “los mariachis callaron” y nadie quiere hablar del tema
aunque todos directa o indirectamente conozcamos a alguien que ha
padecido de este mal. Lo terrible de la violència que se vive en
Jalisco es que ésta se está tornando cotidiana.
La nueva administración estatal, que
arrancó el 1 de marzo, tampoco ha querido hablar del tema aunque uno de
sus integrantes ya forma parte de las estadísticasA nueve días de asumir
su cargo como Secretario Estatal de Turismo, José de Jesús Gallegos,
fue ejecutado el sábado 9 de marzo a las 3:15 de la tarde en calles de
la colonia Colinas de San Javier, Guadalajara, una de las más exclusivas
del estado. El actual gobernador, Aristóteles Sandoval (ganador por el
PRI), y su Secretario General de Gobierno, Arturo Zamora, rápidamente
precisaron que el asesinato “nada tenía que ver con el cargo dentro del
gobierno” y que los posibles móviles estaban vinculados a sus
actividades “económico-empresariales”, como lo afirmó semanas después el
Fiscal General, Luis Carlos Nájera, cuando informó que ya se tenía
arraigado al presunto autor material del asesinato del ex funcionario y
que éste había confirmado el dicho oficial.
José de Jesús Gallegos, antes de ser
Secretario de Turismo de Jalisco, se destacó en el ramo de la
construcción de lujosos departamentos, así como en el cambio de imagen y
remodelación de complejos turísticos. Sin embargo, también era conocido
por ser un hombre acaudalado al que le gustaba financiar campañas
políticas, entre ellas la del actual gobernador, Aristóteles Sandoval.
En el reportaje “Los clientes VIP de Jesús Gallegos” publicado por
Proceso (1989), se dan a conocer diversos señalamientos de políticos y
empresarios acerca del presunto vínculo de Gallegos con el lavado de
dinero.
Nada de esto aparece en la averiguación previa.
Este asesinato cimbró las estructuras
del nuevo gobernador que el día de su toma de protesta afirmó que se
concentraría en el tema de la seguridad. Del 1 de marzo a la fecha, el
gobierno de Aristóteles Sandoval registra 4 ejecuciones por día.
El retorno de los duros y el Fiscal de Hierro
El cambio de administración también
obliga al ejercicio de la memoria porque en materia de política interna y
en procuración de justicia, el gobernador Aristóteles Sandoval apostó
por un perfil de funcionarios duros que, incluso, cuentan con un
historial de participación en actos de tortura y represión. Se trata de
dos hombres claves en su gobierno: Arturo Zamora (hoy Secretario General
de Gobierno) y Luis Carlos Nájera (Fiscal General), quienes según
consta en la recomendación 104/94 de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, fueron señalados como responsables de los maltratos y
traslados injustificados que en ese año (1994) sucedieron en el
Reclusorio Preventivo de Guadalajara. En esa época ambos trabajan en el
Departamento de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación
Social del Estado de Jalisco, el primero como director y, el segundo,
fungía como su mano derecha.
Luis Carlos Nájera ha sido el único
funcionario de la administración panista que logró trascender a la nueva
administración encabezada por el PRI, esto a pesar de que en la propia
Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene en su contra 23
recomendaciones por “abusos, excesos, cateos ilegales, torturas y hasta
la muerte de ciudadanos”, debido a los métodos de investigación de los
policías estatales que estuvieron bajo su mando cuando encabezó la
Secretaría de Seguridad Pública (2007- 2013). Hoy, ocupa la recién
creada Fiscalía General de Justicia, la cual suple a la Procuraduría
General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública desaparecidas
por una iniciativa de ley que presentó al Congreso local Aristóteles
Sandoval, y que no sólo supone la creación de esta Fiscalía sino, en
consecuencia, la concentración en un solo mando del ejercicio y control
directo de todas las policías del estado y de sus órganos de procuración
de justicia. Lo cual a decir de diversos académicos de la Universidad
de Guadalajara y del Iteso: “atenta contra el principio de equilibrio o
balance de poder de todo Estado Democrático de Derecho, al concentrar
excesivas facultades en un solo órgano y subestimar la participación
ciudadana en el ámbito de la justicia penal y la seguridad pública”, así
lo expresaron mediante un comunicado que hicieron público en los medios
de comunicación el día que se anunció la creación de la Fiscalía
(25/02/13). Algunos de los académicos firmantes son Dante
Haro, Guillermo Zepeda y María Eugenia Suárez.. Y agregan que con ello
se responde a “una concepción de la seguridad Estado-céntrica, y a un
paradigma reactivo-punitivo; antítesis de la persona humana como fin
principal de la justicia y la seguridad, y del modelo
preventivo-disuasivo”. En pocas palabras “se antepone y privilegia la
seguridad pública sobre el valor supremo de la justicia”.
Juan Carlos Nájera, quien tomó protesta a
mediados de marzo como Fiscal General, será quien concentre tal poder.
Sus antecedentes no auguran un buen panorama en relación a la
procuración y aplicación de la justicia en Jalisco.
Persuadir la auto-defensa
Fue en febrero cuando surgió en el
Congreso la iniciativa para crear la figura de Policía Comunitaria, pero
no fue hasta marzo que ésta se discutió ante el interés por crear el
primer grupo de auto-defensa de Jalisco. Éste se ubicaría en la Sierra
de Manantlán, perteneciente al municipio de Cuautitlán de García
Barragán, lugar donde se encuentra la comunidad de Ayotitlán, el ejido
indígena más grande del país con 10 mil habitantes. La Sierra de
Manantlán fue declarada en 1987 área protegida, y un año después se
incorporó a la red internacional de reservas de la biosfera de la
UNESCO. Es habitada, principalmente, por indígenas nahuas que buscan
evitar la tala clandestina y la extracción ilegal de minerales, así como
defenderse de los grupos armados que realizan estas acciones sin que
las autoridades hagan algo al respecto. Son estos mismos grupos los que
han exigido se aclare la desaparición del activista Celedonio Monroy
Prudencio, ocurrida el 23 de octubre de 2012, quien hasta esa fecha
encabezó la defensa de la zona.
Con el pretexto de discutir la
iniciativa de ley, las autoridades se acercaron a las comunidades
indígenas de Manantlán para dizque saber su opinión; sin embargo, el
objetivo era persuadirlos de conformar un grupo de auto-defensa. La
reunión celebrada el 18 de marzo fue una coartada porque lo que ocurrió
ahí fue la conformación de un Comité Técnico que el gobierno municipal
creó para precisar que: “La comunidad no estaba de acuerdo en formar una
Policía Comunitaria”. Ignorando así, los deseos del Consejo de Mayores,
órgano de representación de los indígenas nahuas.
Esta iniciativa surgió luego de que se
llamó desde el gobierno federal a que todos los estados redoblaran los
esfuerzos e implementaran acciones urgentes y contundentes para
persuadir y disuadir a los grupos de autodefensa civil.
No obstante, el Consejo de Mayores
anunció que seguirán en la lucha, pues para ellos lo que hicieron las
autoridades fue una trampa, ya que el alcalde de Cuautitlán de García
Barragán, el priísta Pedro Sánchez Orozco, boicoteó la asamblea al
convocar a la misma hora a una celebración pagada por la Presidencia
Municipal. A ella, acudieron 800 ejidatarios de los mil 414 reconocidos
por el Consejo de Mayores, éstos asistieron desde sus comunidades en
camiones pagados por la autoridad municipal creyendo que los llevarían
al sitio donde se reuniría el Consejo, pero no fue así, ya que los
llevaron a la casa ejidal de Ayotitlán donde los esperaba una gran
banquete.
Ahí durante la fiesta, el alcalde los
persuadió para votar en contra de la creación del grupo de auto-defensa
y, fuera de los órganos de representación indígena, se anunció que por
mayoría se acordó rechazar el proyecto.
Ese mismo día y con una asistencia
minoritària, el Consejo de Mayores se reunió en el barrio de Tiroma, en
la comunidad de Ayotitlán, pues así lo marcaba el citatorio emitido por
la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local, quien convocó a
todos los interesados para discutir la creación o no de una Policía
Comunitaria. A esta reunión sólo acudieron 100 ejidatarios indígenas,
personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y representantes de
la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad
de Guadalajara (UdeG). Las autoridades municipales ni las lesgilativas
llegaron a la cita, razón por la cual el Consejo pospuso la decisión de
conformar el grupo de auto-defensa y, a la par, desconoció lo ocurrido
en la casa ejidal de Ayotitlán.
En entrevista con La Jornada Jalisco
Gaudencia Mancilla, integrante del Consejo de Mayores, señaló que si
bien el tema se politizó, ellos seguiran porque: “Se trata de un
proyecto para defender a la comunidad. Hay muertes no esclarecidas
desapariciones como las de Celedonio Monroy y se siguen llevando el
mineral y la madera, sin que nadie haga nada”, aseguró.
Las autoridades, que han querido
mantener el tema bajo control, aseguran que estos grupos de auto-defensa
podrían estar vinculados al crimen organizado, tal y como pasó con el
grupo de Buenavista Tomatlán en Michoacán (colindante con Jalisco)
detenido por la Procuraduría General de Justicia el 24 de marzo y que
según sus pesquisas podría estar vinculado al Cártel de Jalisco Nueva
Generación.
No obstante, el Consejo de Mayores de los indígenas nahuas anunció que seguirán adelante pese al boicot de las autoridades.
Colofón
Así las cosas en Jalisco durante el mes
de marzo. De estos temas puede que se hable poco porque los medios
seguirán hablando del clásico y la ciudad seguirá esperando el cambio
prometido por la nueva administración. Pero esto es lo que está
ocurriendo aquí.
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