La lluita contra la pena capital és d'aquelles que no exigeixen un sprint sinó estar molt ben preparat per a córrer una marató. Amnistia Internacional hi va posar el coll des dels seus inicis (1961) i en l'actualitat són moltes més les ONG que fan pressió per aconseguir l'abolició total i definitiva d'una pena tan inhumana.
Poc a poc és va avançant aconseguint suports polítics i canvis legislatius en molts països.
Aquestes són les dades més actualitzades:
La pena de muerte en el mundo
Descargar el mapa sobre la situación de la pena de muerte en el mundo (2012):
Actualmente 97 Estados han abolido la pena de muerte para todos los crímenes. Otros ocho la han abolido solamente para crímenes de derecho común y 35 estados respetan una moratoria sobre las ejecuciones desde hace al menos diez años. No obstante, aún quedan 58 estados y territorios donde se aplica la pena de muerte. Como prueba de esto, a lo largo del año 2011, 676 ejecuciones fueron llevadas a cabo por 23 Estados, un aumento considerable en comparación con las 527 del año anterior (con excepción de China, cuyos datos no están disponibles).De los 58 Estados que aún mantienen la pena de muerte en su legislación, a excepción de algunas democracias como Estados Unidos y Japón, las condenas a muerte se llevaron a cabo en países gobernados por regímenes autoritarios.
Con 21% de las ejecuciones mundiales y un sólo Estado abolicionista (Yibuti), la región MENA (Medio Oriente – África del Norte) es la segunda región que más ejecuta, después de Asia. Sin embargo, la situación difiere según el país. Mientras que las ejecuciones se repiten continuamente en Arabia Saudita, Irak, Irán y Yemen, se puede subrayar una tendencia a disminuir el número de ejecuciones y a adoptar reformas penales favorables al movimiento abolicionista en otros países (Argelia, Libano, Marruecos, Túnez). China y Corea del Norte vienen a completar este grupo hermético de países retencioncitas.
Los gobiernos que mantienen la pena de muerte consideran que se trata de una cuestión que concierne únicamente al derecho nacional. En realidad, la aplicación de la pena de muerte infringe las normas internacionales y los principios fundamentales del derecho. Con demasiada frecuencia, la pena de muerte se impone tras juicios injustos, de manera discriminatoria, por delitos no violentos, o contra menores de edad en el momento de los hechos. En los Estados que ya han abolido la pena de muerte en su legislación, los movimientos pro-pena de muerte ponen constantemente en tela de juicio la abolición. Además, el riesgo de que se retomen las ejecuciones en algunos países que no ejecutan desde hace muchos años sigue estando latente.
Por su parte, los ciudadanos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos o los profesionales de la justicia de los países llamados “retencionistas”, que se oponen a la pena de muerte, deben confrontar de manera cotidiana grandes obstáculos políticos, jurídicos o religiosos. A menudo, estos opositores son una minoría, y luchan por hacer oír su voz a una opinión pública mal informada que se imagina erróneamente que la pena de muerte es una manera de luchar eficazmente contra el crimen.
Sin embargo, el número de condenas a muerte disminuye poco a poco: de 2024 durante el año 2010, se pasó a 1923 condenas durante el 2011. Y cada año, nuevos países deciden abolir la pena de muerte:




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